Descentralizar la educación para privatizarla mejor. (Por una escuela pública)

Hoy os comparto un artículo que ya hace tiempo fue escrito para un país y en un  contexto concreto, pero que sus ideas tienen toda su vigencia. Pues como puede comprobarse, no debemos ni podemos bajar los brazos ante el silencioso y camuflado asalto neoliberal. Defender la escuela pública para defender el derecho de todos a la educación no sólo al acceso a la educación, sino también derecho al éxito y eso exige que la equidad sea bien entendida y ofrezca más a los que más lo necesitan.

Sabemos que las infancias abandonadas y no atendidas son una profunda raíz de la pobreza, evitar la discriminación desde la más tierna infancia, se ha mostrado como un factor decisivo para evitar que el origen social de las personas se convierta en elemento reproductor de la desigualdad y, en definitiva, de la brecha social.

En ese contexto, la educación pública, como garante del derecho de todos a recibir la formación necesaria para afrontar una vida digna como humanos, igualmente ha demostrado ser la mejor vía para romper la brecha entre ricos y pobres.

Descentralizar la educación para privatizarla mejor

Franck Poupeau*

Numerosos docentes están en huelga para protestar contra un conjunto de medidas gubernamentales. Estas “reformas” se inscriben en un contexto más amplio de privatización rampante de la enseñanza con el fín de hacer de ella- como en Correos, los transportes, la cultura, la información, la protección social….- un simple mercado lucrativo y ajustado a las demandas de las empresas. Pero esta filosofía, que apenas logra disimularse, provoca un movimiento de revuelta general marcado por grandiosas manifestaciones.

El tratamiento mediático de los movimientos que agitan el sistema escolar francés ilustra de manera ejemplar la manera en que los reales motivos de las luchas sociales pueden ser excluidos del debate público. Después de las vacaciones de Semana Santa, en las escuelas primarias, colegios y liceos de numerosos departamentos, los padres de alumnos repitieron las huelgas y la ocupación de establecimientos (1). En algunas ciudades se relacionaron con asalariados despedidos u otras ramas del sector público, y el personal educativo estuvo muy presente en las manifestaciones del mes de mayo. Por cierto, el tema de las jubilaciones sigue movilizando al cuerpo docente, ya que el período de formación retrasa la entrada a la vida activa. Pero lo que desencadenó el movimiento en curso fueron los proyectos de descentralización, asimilados a una tentativa de desmantelamiento del servicio público de educación.

Desde fines del mes de abril, los establecimientos en lucha de todos los departamentos movilizados participan en reuniones nacionales. Las agrupaciones de los 'empleo-joven' [jóvenes graduados comprendidos en programas de contratación] y de personal no docente están representadas allí. Se trata de obtener un movimiento de amplitud nacional, sobre bases comunes: crítica a la descentralización, defensa de los empleados temporarios y celadores, retorno a las 37,5 anualidades para acceder a la jubilación. Se trata también de evitar el desaliento y la desmovilización ante el silencio de la mayoría de los medios de comunicación que parecen ignorar que, desde hace varias semanas, establecimientos de Le Havre, Montpellier, Béziers, Toulouse y Seine-Saint-Denis - sin olvidar los de la Reunión - realizan continuas huelgas.

Las asambleas generales dan prueba del grado de motivación de los docentes. La amenaza de descentralización ya se hace sentir en las zonas más carenciadas, cuando las colectividades locales no están en condiciones de compensar la reducción de los gastos del Estado. En La Courneuve, en Seine Saint-Denis, el Fondo de Acción Social redujo sus presupuestos a la mitad. Sólo en el colegio Politzer se amenazó con una citación judicial a sesenta y dos familias por no haber podido pagar los gastos de comedor de sus hijos. Esos niños ya no almuerzan en el establecimiento. Tales ejemplos alimentan el conflicto de los docentes que, sin embargo, son acusados de "corporativistas". Este movimiento se afianza ante la dimisión del Estado y la constatación de las crecientes dificultades para garantizar las misiones pedagógicas. Las recientes medidas parecen un ataque suplementario contra el servicio público.

El movimiento actual prolonga las movilizaciones que se producen desde que Luc Ferry entró en funciones en el Ministerio de Educación Nacional. En un primer tiempo, el Ministro jugó la carta de la revalorización de los docentes. En enero anunció un "significativo esfuerzo" al contratar profesores (30.000, de los cuales 18.000 en el secundario) para paliar los retiros por jubilación. No todo el personal se benefició con esta voluntad de aparente apaciguamiento. La creación de 16.000 cargos de asistente en educación en 2003, para sustituir la baja de 5.600 maestros de alumnos pupilos y de celadores de alumnos externos y la desaparición de 20.000 auxiliares docentes cuyos contratos finalizan este año, los deja sin la capacitación ni las salidas que se les habían prometido. Desde diciembre de 2002 estos empleados temporarios se movilizaron ante la indiferencia de algunas estructuras sindicales. No obstante, el estatuto propuesto a los asistentes en educación está sobrecargado de temas:

se basa en el reclutamiento local y la 'anualización' del tiempo de trabajo, lo que no deja de evocar la creciente flexibilización de otros sectores de actividad. Esta medida consolida la inquietud de quienes no se cansan de denunciar la privatización larvada del sistema de enseñanza. Con el pretexto de "descentralización", de desconcentración administrativa y de "autonomía de los establecimientos".

En este terreno, las políticas escolares de derecha prolongan las de izquierda. Cuando Luc Ferry cuestiona la "demagogia" de la ley de orientación de 1989, que coloca "al alumno en el centro del sistema", olvida que siempre faltaron los medios para enseñar "de manera diferente": horas de concertación de los equipos pedagógicos, seguimiento individual de los alumnos. La ley de orientación de 1989 ratificó la transferencia (engranada con las leyes de descentralización de los años ochenta) de las competencias administrativas hacia los establecimientos públicos de enseñanza. El ministro que afirma que la autonomía de los establecimientos es la "clave de todas las otras reformas (2)" no ignora que la enseñanza primaria ya experimentó, a nivel municipal, lo que las escuelas secundarias probablemente van a conocer a nivel departamental o regional.

Marsella. En el patio de la escuela primaria Korsec, los profesores con cargo en las escuelas esperan a los padres de alumnos para una reunión informativa, antes de asistir juntos a la manifestación del 1° de mayo. En este establecimiento rodeado de edificios semiderruidos, el 99% de la población escolar es de origen immigratorio, con un 37% de recién llegados. Hace dos años, esta escuela tenía los resultados más bajos de la ZEP [Zona de Entorno Protegido] de Marsella, ella misma en lo más bajo de la "clasificación" escolar. La acción del equipo pedagógico permitió remontar los resultados, en particular gracias a clases con alumnado reducido y encuentros regulares con las familias. Pero el 'empleo-joven' que se ocupaba de la biblioteca deja el establecimiento al no renovársele el contrato. Sólo permanece en su puesto uno de los cuatro que había el año anterior. La enfermera espera la comunicación de su transferencia al rectorado - dentro de poco en la escuela sólo quedarán los maestros.

Cuando recorrieron la ciudad, los docentes de Korsec se asombraron al descubrir cuánto mejor equipadas estaban las escuelas de los "barrios acomodados". Los ideólogos de la descentralización no mencionan el clientelismo larvado que ésta vehicula. En muchas escuelas la limpieza es realizada por empresas privadas, y el comedor está asegurado por Sodexho. Antes que privatización general, el sistema de enseñanza es recortado y vendido en trozos. Los municipios pueden incluso repartir las cuotas de mercado con la excusa de que se trata de un servicio público. Pero las escuelas más carenciadas con poblaciones "menos rentables" en términos de votos no van a verse beneficiadas. Para la enseñanza primaria, los efectos de la descentralización y de la "gestión local" no difieren únicamente entre regiones, sino también entre establecimientos de una misma ciudad, incluso de un mismo sector.

Sin embargo, el primer ministro Jean-Pierre Raffarin justifica, como sus antecesores socialistas, la transferencia de más de 110.000 funcionarios de la educación nacional hacia las colectividades territoriales, alegando la búsqueda de más "eficacia" y mayor "coherencia" en la organización del servicio público. Las asistentes sociales y los médicos escolares dependerán de los Consejos Generales que ya tienen a su cargo la Acción Social; el personal técnico, los obreros y los trabajadores sociales (TOS), lo harán de los departamentos y regiones, responsables del mantenimiento de los establecimientos secundarios. Los consejeros de orientación -psicólogos- también van a ser trasladados a la órbita regional. A nuevo patrón, nuevas misiones, se dedicarán al trabajo de inserción y a la profesionalización. Para los alumnos de origen popular, la falta de encuadre empeorará aún más el funcionamiento laberíntico de los trámites y las opciones.

Los abogados de la descentralización invocan la "proximidad" de los servicios públicos con los "usuarios". Esta lógica económica, reconocida como tal por las autoridades públicas, debe privilegiar a los "consumidores escolares". Así, Raffarin anunció que "el Consejo Regional adoptará junto con los rectores la carta de la capacitación profesional hasta el Bac+3 [diploma posterior al secundario más tres años de estudios universitarios]". Las "escuelas de oficios" deberán generalizarse con el fin de relacionar la oferta educativa con el tejido económico local. Esta medida permitirá reorientar a los alumnos de los medios populares que componen la parte fundamental de las especializaciones técnicas y profesionales, al terminar 5° año. La transferencia de competencias y de personal tiene otras finalidades que no son las de mejorar el "servicio": se inscribe en un movimiento general de economía presupuestaria. Un informe parlamentario presentado a principios de abril por el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Pedro Méhaignerie, reclama la reducción de los gastos del Estado y la sustitución de sólo la mitad de los retiros por jubilación. Luego será el cuestionamiento del estatuto de funcionario: "La contractualización (...) y la descentralización deben conducir a la deflación del personal del Estado. Recurriendo a empleos contractuales, se podría pedir a los funcionarios titulares que renuncien a la garantía de estabilidad en el empleo contra salarios más atractivos (3)". La contratación de agentes sin capacitación ni apoyo pedagógico: tal parece ser la revalorización de los docentes prometida por el gobierno.

La tendencia a la localización de la acción educativa no es nueva ni específicamente francesa (véase el artículo de Christian Laval y Louis Weber) Puesta en marcha desde los años ochenta junto con la descentralización y la desconcentración de la administración de la Educación Nacional, tuvo efectos positivos, sobre todo en la renovación de algunos establecimientos por decisión de los Consejos Generales. Pero también contribuyó a reforzar la instauración de un "mercado escolar" donde la elección educativa de las familias se encuentra con la oferta competitiva de los establecimientos. Esta competencia acentuó las disparidades territoriales: los "buenos establecimientos" siempre reagrupan a los "buenos alumnos", mientras que algunas zonas concentran poblaciones con dificultades escolares y sociales. La privatización de la educación no parece inevitablemente necesaria: para las capas sociales más acomodadas el deterioro del servicio público justifica el recurso a la enseñanza privada (4), o también la lógica de la evitación (5), que lleva a los que poseen medios a refugiarse en los sectores más rentables, es decir, los menos afectados por la desvalorización de los títulos y estudios al alcance de las capas populares.

Como en el caso de las jubilaciones y dentro de poco de la salud, la liberal puesta en marcha de la descentralización establece las condiciones que permiten crear un mercado conforme a los acuerdos internacionales ya firmados en ocasión de las reuniones de Bolonia o Sevilla (6). La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) considera con ostensible cinismo lo que resta del sector público: "Si se disminuyen los gastos de funcionamiento, es necesario cuidar que no disminuya la cantidad de servicios prestados, con riesgo de ver bajar la calidad. Por ejemplo, se pueden reducir los créditos para el funcionamiento de las escuelas y las universidades, pero sería peligroso limitar la cantidad de alumnos o estudiantes. Las familias reaccionarían violentamente si se les denegara la inscripción de sus hijos, pero no por una gradual reducción de la calidad de enseñanza, y la escuela puede obtener una contribución de las familias o suprimir progresivamente tal actividad. Eso se hace poco a poco, en una escuela sí pero no en el establecimiento vecino, evitando así el descontento general de la población (7). "

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*Sociólogo y autor de Une sociologie d'Etat: L'école et ses experts en France, Liber, París, 2003.

NOTAS:

(1) Ver el sitio que recapitula diariamente todos establecimientos en huelga:
www.reseaudesbahuts.lautre.net.
(2) Libération, 20 –3-2003.
(3) Voir http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i0765.asp
(4) En Francia, a finales de los '90 el sector privado sujeto a contrato escolarizaba cerca del 15% del alumnado de 1° grado, y más del 20% del alumnado de 2° grado. Si se consideran todos los establecimientos frecuentados durante la escolaridad, trabajos sociológicos mostraron que una de cada dos familias recurre, aunque sea temporalmente, al sector privado.
(5) La descentralización y la posibilidades de arreglo con los "poderes locales" favorecen las derogaciones de la carta escolar.
(6) Reunión de ministros de educación de la Unión Europea, el 19 de junio de 1999 en Bolonia, y cumbre europea de 21-22 de junio de 2002 en Sevilla.
(7) C. Morrisson, Cahier de l'économie politique, n° 13, Centro de Desarrollo de l'OCDE, p. 30.

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