https://orcid.org/0000-0001-8035-0091
Las instituciones educativas siempre han estado organizadas y
planificadas, en lo general, por unos preceptos establecidos en los marcos
normativos y, en lo particular, por unos planes institucionales derivados de
aquellos, Proyectos Educativos de Centro (PEC), o Proyectos Educativos
Institucionales (PEI), Proyectos, propuestas o diseños curriculares, modelos
pedagógicos, etc. así denominados en otras
latitudes. Siempre insertos y condicionados por el contexto social y cultural
en los que cada institución desarrolla su actividad.
Las normas son, a su vez,
producto de las decisiones que se toman en el ámbito político y, por tanto,
condicionadas por un fuerte componente ideológico y económico que les infunden los
gobernantes de turno. Aunque existen países donde se tienen y respetan leyes
educativas de larga duración, que sirven para gobiernos de diferentes colores,
pues consideran la educación un derecho y un servicio público de calidad,
gratuito y universal, que sólo se reforma por acuerdos generales, con lo que se
garantiza su continuidad hasta que demuestran que ya no producen los resultados que de ellas se
esperan.
Pero volviendo la mirada a las instituciones educativas y los
proyectos que deberían guiar el desarrollo de sus actividades y su
funcionamiento, nos atrevemos a decir que existe un largo trecho entre lo planificado,
los proyectos, y lo que realmente sucede en las aulas. En este sentido, sería
realmente interesante conocer las verdaderas dimensiones de esta brecha, pues
con ello podríamos averiguar si existe diferencia entre lo propuesto y lo
realizado; y lo que es más importante, podríamos conocer la coherencia entre lo
que decimos que pretendemos hacer y lo que realmente hacemos y logramos con
nuestra práctica docente. Quizás, tampoco estaría de más, saber qué
conocimiento tienen los docentes de esos proyectos y como contextualizan en sus
programaciones y actuaciones dentro del aula los principios y objetivos que se
recogen en los proyectos institucionales. Claro que, todo ello, puede tener
mucho que ver con los niveles reales de vida democrática y participación de los
miembros de la comunidad educativa en la elaboración de los planes y proyectos
institucionales. Pues la burocratización administrativa y participativa a veces
se queda en que existan y figuren representantes de los distintos sectores en
los respectivos órganos de participación y decisión, pero sin su intervención
real en la toma de decisiones. Incluso, en muchos casos, parece no importar
demasiado que así suceda, siempre que el “papeleo” sirva como escudo ante las
exigencias de las administraciones públicas.
Como ejemplo de distancia entre propuestas y realidades, podríamos
citar el modelo curricular de TIMSS (Estudio Internacional de Tendencias en
Matemáticas y Ciencias) que tiene tres aspectos: Currículo Pretendido (Contexto
nacional, social y educacional), Currículo Aplicado (Contexto del centro, del profesor y del
aula) Currículo Obtenido (Características y resultados de los alumnos).
Por todo ello consideramos que uno de los grandes problemas que
existe, entre otros, en la calidad de la práctica docente es la falta de
coherencia entre lo planificado, lo aplicado y lo realmente logrado por los
estudiantes.
Así pues, nos deberíamos preguntar, si seríamos más eficaces y
eficientes en la obtención de buenos resultados de nuestro alumnado, si se
lograra mejorar la calidad de la acción docente, entre otros aspectos, poniendo
en práctica una verdadera coherencia y coordinación horizontal y vertical en
todos los ámbitos institucionales, garantizando así la continuidad entre lo que
se planifica y lo que se realiza y obtiene en las aulas, para que lo logrado
sea realmente fruto de un proceso de transparencia y participación democráticas
en la aplicación de los acuerdos de la comunidad educativa.
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